Por Genaro Ríos T.
Según se declaró, cuatro días antes de que ocurriera la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el Comandante del 50 Batallón de Infantería ordenó a todos los batallones de Guerrero que hicieran un seguimiento a las actividades de los normalistas.
Este monitoreo no sólo consistió en la observación externa, pues dentro del plantel "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, había por lo menos tres agentes de inteligencia de SEDENA infiltrados, quienes realizaban tareas de información con “fachada de alumnos”.
Militares y el cuerpo policiaco mantuvieron un contacto directo y en tiempo real durante los acontecimientos del 27 de septiembre de 2014; sin embargo, estas interacciones curiosamente cesaron en las horas críticas de los hechos. En informes previos se detalla que autoridades militares tenían en su poder información donde se evidencia que eran de su conocimiento los hechos de violencia que estaban aconteciendo esa noche.
Estos informes, con los que contaba el Departamento de Inteligencia Militar, fueron ocultados por años y no se compartieron en su momento con los encargados de realizar las búsquedas e investigaciones del caso. Incluso, esta información se ocultó durante el cambio de administración gubernamental, a pesar de las ordenes del presidente de la República.
El ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizaron intervenciones ilegales sin autorización judicial de actores relevantes en los hechos, e inclusive, durante la realización de estos trágicos hechos. Aparte, hay documentos que revelan importantes datos sobre personas involucradas en los hechos y, más importante aún, datos que certifican que las autoridades ya mencionadas tenían conocimiento de la ubicación de los estudiantes, datos que no fueron compartidos con los encargados de la investigación.
El GIEI en incontables ocasiones solicitó al ejército que compartieran sus investigaciones, mientras la institución contraargumentaba que no existían informes, pues no se había adelantado ninguna investigación. Con la nueva aparición de datos en este tercer informe, se demuestra lo contrario y, peor aún, se sigue negando y ocultando el acceso a dichas investigaciones.
Lo que más llamó la atención de este tercer informe fueron los registros de un dron perteneciente a la Marina de México que grabó el momento en que doce de sus elementos, desde las 06:39 de la mañana hasta la llegada del Procurador Murillo Karam, manipularon uno de los escenarios claves de este caso: el basurero de Cocula, lugar del “hallazgo” establecido como parte la “verdad histórica”. Como era de esperar, no existen registros de tal actividad. En el registro, se observa que dichos elementos manipularon bultos que extraen de dos camionetas. Posteriormente, algunos de ellos bajan a la hondonada del basurero y encienden una hoguera en el inicio de la pendiente. Todas estas alteraciones se realizaron en la conocida "Zona B", donde la "versión oficial" identificó la supuesta incineración de los restos de los estudiantes. Cabe recordar que este espacio, fundamental para las investigaciones posteriores, quedó completamente contaminado.
Consecuente a lo anterior, otro dato que demerita la veracidad de la "verdad histórica", fue el acta de búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan, donde se obtuvo una bolsa con restos óseos: el informe determina que el acta fue falsificada. Quién firmo este documento fue un agente del Ministerio Público que, en realidad, no se encontraba en Cocula.
EL GIEI concluyó que el uso de la tortura fue una práctica recurrente para obtener declaraciones que respaldaran la “verdad histórica”. Dichas prácticas fueron realizadas por agentes del Ministerio Público de la Federación, la PGR, la CISEN, la SEMAR y La Policía Federal.
"Veintidós personas relacionadas, que pudieron haber compartido información, murieron. Sólo dos por muerte natural", comenta Francisco Cox Vial, miembro del GIEI.
Exigimos la verdad y la aprensión de cualquier involucrado.
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